L@S AFECTAD@S POR LA VENTA DE VIVIENDAS DEL IVIMA SE CONSTITUYEN EN ASOCIACIÓN Y ACUDEN A LOS TRIBUNALES CONTRA LA CAM

La recién creada Asociación de Afectad@s por la Venta de Viviendas del IVIMA se ha personado como acusación popular en la querella interpuesta contra la directora del IVIMA, Ana Gomendio, por malversación de caudales públicos y prevaricación continuada en la operación de enajenación de 2.935 viviendas del IVIMA al fondo de inversión Goldman Sachs. Así, la Asociación pretende defender los hogares de todas las personas afectadas con todos los medios legales a su alcance y proteger de la especulación a la vivienda pública sufragada por tod@s l@s madrileñ@s.

Con estos claros objetivos, la Asociación realizará su primera asamblea general el próximo sábado 5 de julio a las 11:00 horas en el Campo de la Cebada en la Latina.

La Comunidad de Madrid vendió el verano pasado 2.935 viviendas del IVIMA al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora por un precio de 201 millones de euros. Un precio bastante menor de lo que nos costó construirlas a los contribuyentes madrileños y muy por debajo también de lo que estos fondos privados pretenden obtener al venderlas.

Una de las principales consecuencias que el traspaso de la propiedad de estas viviendas públicas a una empresa privada está teniendo es que familias que recibían una ayuda pública para pagar el alquiler de estas viviendas, la han perdido al privatizarse la propiedad de las mismas. En los próximos días y meses, veremos como familias de escasos recursos se verán desahuciadas de sus hogares por no poder afrontar el alquiler tras perder las ayudas.

Por otra parte, a l@s vecin@s que están en régimen de alquiler con derecho a compra (Plan Joven de la Comunidad de Madrid) se les ha negado el derecho de retracto para adquirir las viviendas al precio al que han sido adjudicadas a Goldman Sachs-Azora (unos 60.000 euros de media por vivienda) y su situación jurídica ha sufrido un cambio radical. Cuando finalicen su contrato de alquiler y tengan que ejercer su derecho a comprar, el precio de venta llegará a triplicar de media el precio pagado por Goldman Sachs-Azora a la Comunidad de Madrid.

Por ello y mientras se resuelven los distintos procedimientos judiciales iniciados, se está estudiando solicitar en el procedimiento penal que se sigue ante el Juzgado de Instrucción Nº 48 de Madrid las medidas cautelares necesarias para paralizar la venta de las viviendas, pues entendemos que, de no hacerse así, se produciría un grave perjuicio para  las personas que sean  desahuciadas por no poder pagar las nuevas cuotas o expulsadas de sus viviendas por esta adjudicación.

Intervención del Defensor del Pueblo

La Defensora del Pueblo, en un contundente escrito, recrimina al IVIMA no haber ejercido en este caso sus potestades administrativas de la forma más favorable a l@s ciudadan@s, como establece el artículo 9.2 de la Constitución. Dice la Defensora que "ante situaciones coyunturales de necesidad de los ciudadanos, la respuesta de la administración no puede ser el dejar a los ciudadanos en desamparo, sino adoptar una posición activa para atender esas situaciones."

Para la Defensora del Pueblo, “con el traspaso de la propiedad de las viviendas a una empresa privada, la situación jurídica de los arrendatarios ha cambiado drásticamente (…) Una vez que las viviendas están en manos privadas, ya no cabe la aplicación de las normas de servicio público (…) Se ha producido así una privatización total de la situación jurídica de los arrendatarios, que les perjudica pues antes estaban más protegidos que ahora."

Objetivos de la asociación

La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI) se ha marcado como objetivos principales los siguientes puntos:

• La suspensión cautelar y posterior anulación de la venta de viviendas públicas de IVIMA y EMVS a los fondos de inversión.
• La paralización de cualquier nueva venta de viviendas públicas de IVIMA y EMVS a los fondos de inversión.
• Laprórroga automática de los alquileres de las viviendas públicas de IVIMA y EMVS.
• El ofrecimiento preferente a los inquilinos de la compra de sus viviendas y al mismo precio que costó su construcción.
• El mantenimiento de las ayudas de reducción del alquiler del IVIMA.
• La paralización de cualquier desahucio por impago provocado por motivos económicos.
• La reducción significativa del actual precio de módulo oficial para las viviendas de protección oficial.